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Actualidad: A partir del próximo 04/12/17 serán exigibles las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación del Real Decreto Legislativo 1/2013 que todavía no habían entrado en vigor.

El mencionado texto legal supuso una labor de refundición, regularización, aclaración y armonización de la normativa anterior, tarea que, además de ser mandato de la disposición final segunda de la Ley 26/2011, resultaba totalmente necesaria dado el sustancial cambio del marco normativo de los derechos de las personas con discapacidad.

Pues bien, pese al tiempo transcurrido desde la publicación del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, a día de hoy todavía no son exigibles la totalidad de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en él establecidas para los distintos ámbitos de los que se ocupa: Telecomunicaciones y sociedad de la información; Espacios públicos urbanizados, infraestructuras y edificación; Transportes; Bienes y servicios a disposición del público; Relaciones con las administraciones públicas; Administración de justicia; Patrimonio cultural y Empleo.

Dicha situación va a cambiar a partir del próximo lunes 4 de diciembre, día en el que, de conformidad con su Disposición adicional tercera, el mencionado Real Decreto desplegará todos sus efectos, al resultar exigibles las condiciones básicas en ciertos ámbitos en los que no lo eran hasta la fecha, siendo éstas las últimas pendientes de implantar.

Entre las condiciones que prevé con carácter general el referido texto legal, sin perjuicio de su posterior desarrollo normativo, destacan las siguientes:

a) Exigencias de accesibilidad de los edificios y entornos, de los instrumentos, equipos y tecnologías, y de los bienes y productos utilizados en el sector o área. En particular, la supresión de barreras a las instalaciones y la adaptación de equipos e instrumentos, así como la apropiada señalización en los mismos.

b) Condiciones más favorables en el acceso, participación y utilización de los recursos de cada ámbito o área y condiciones de no discriminación en normas, criterios y prácticas.

c) Apoyos complementarios, tales como ayudas económicas, productos y tecnologías de apoyo, servicios o tratamientos especializados, otros servicios personales, así como otras formas de apoyo personal o animal. En particular, ayudas y servicios auxiliares para la comunicación, como sistemas aumentativos y alternativos, braille, dispositivos multimedia de fácil acceso, sistemas de apoyos a la comunicación oral y lengua de signos, sistemas de comunicación táctil y otros dispositivos que permitan la comunicación.

d) La adopción de normas internas en las empresas o centros que promuevan y estimulen la eliminación de desventajas o situaciones generales de discriminación a las personas con discapacidad, incluidos los ajustes razonables.

e) Planes y calendario para la implantación de las exigencias de accesibilidad y para el establecimiento de las condiciones más favorables y de no discriminación.

f) Recursos humanos y materiales para la promoción de la accesibilidad y la no discriminación en el ámbito de que se trate.

Pues bien, los supuestos cuyo plazo máximo para resultar exigibles termina el próximo lunes son los siguientes:

-Para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones: Espacios y edificaciones existentes el 4 de diciembre de 2010, que sean susceptibles de ajustes razonables.

-Para el acceso y utilización de los medios de transporte: Infraestructuras y material de transporte existentes el 4 de diciembre de 2010, que sean susceptibles de ajustes razonables.

-Los que deberán reunir las oficinas públicas, dispositivos y servicios de atención al ciudadano y aquellos de participación en los asuntos públicos, incluidos los relativos a la Administración de Justicia y a la participación en la vida política y los procesos electorales:Entornos, productos y servicios existentes el 4 de diciembre de 2008, y toda disposición, criterio o práctica: 4 de diciembre de 2017.

-Bienes y servicios a disposición del público existentes el 4 de diciembre de 2015, que sean susceptibles de ajustes razonables, cuando sean bienes y servicios de titularidad privada que no concierten o suministren las administraciones públicas: 4 de diciembre de 2017.

Con la completa implantación de esta normativa, esperemos que se produzca un aumento significativo en la calidad de vida de un colectivo que ha soportado años en una situación de exclusión social a la que, por fin, se está haciendo frente.